Santo Domingo. La justicia dominicana pisa el acelerador. Un escuadrón de 15 fiscales del Ministerio Público ejecutó este jueves una serie de allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y Punta Cana, en el marco de la investigación por el presunto fraude millonario al Estado vinculado al contrato de modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.

Los operativos están dirigidos por la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en un caso que ha puesto bajo el reflector a reconocidas figuras públicas y exfuncionarios del Estado.

Entre los objetivos de los allanamientos figura el productor de televisión Aquiles Jiménez, quien ha sido mencionado dentro de la trama que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato.

El caso tiene como principales imputados a:

• Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

• José Ángel Gómez Canaán (Jochi), empresario y propietario de Aurix S.A.S., firma beneficiaria del contrato.

• Frank Díaz Warden, excoordinador del despacho del Intrant.

• Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant.

• Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico.

• Juan Francisco Álvarez Carbuccia, exdirector Administrativo y Financiero.

• Carlos José Peguero Vargas, también vinculado al esquema.

La investigación apunta a la existencia de un entramado de corrupción técnica y financiera, mediante el cual se habrían simulado procesos para beneficiar a una empresa específica, inflando costos y violando normas de contratación pública.

El caso ha despertado atención internacional debido al patrón de colusión pública-privada que se estaría repitiendo en varios países de la región. Las autoridades dominicanas aseguran que la pesquisa continuará avanzando con “tolerancia cero” frente a la corrupción.