Santo Domingo. La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, enfrenta fuertes críticas tras imponer medidas de coerción a los acusados del colapso del techo en la discoteca Jet Set, tragedia que dejó cientos de muertos.

Las críticas surgen por negocios pasados de su padre con uno de los imputados. Sin embargo, la ley dominicana es clara: la relación de un padre no es motivo legal para apartar a un juez, a menos que exista un interés directo en el caso. Además, ningún abogado recusó a la magistrada durante la audiencia.

En la audiencia, la jueza analizó la situación de los acusados: residencia fija, trabajo formal y familia estable. Aun así, decidió imponerles RD$50 millones de garantía económica, presentación periódica y prohibición de salir del país. Algunos juristas opinan que el monto es exagerado, pero está dentro de la ley.

Este proceso apenas comienza: la coerción no es una condena, solo busca que los acusados sigan disponibles para el juicio y que la investigación avance sin trabas.

Por ahora, la jueza sostiene su decisión y la justicia sigue su curso. Será en el juicio donde se determinará quién es culpable y quién no. El caso Jet Set se convierte así en un símbolo de la responsabilidad empresarial y la presión social por justicia.