(Tomado de la columna Enfoque de Lorenny Solano en el Listín Diario)

Una amenaza silenciosa, pero profundamente corrosiva, se ha asentado en el ecosistema digital dominicano: una red estructurada de plataformas y operadores mediáticos que, bajo el disfraz de libertad de expresión, se dedica sistemáticamente a la difamación, el chantaje y la extorsión de figuras públicas, instituciones del Estado, empresas privadas y ciudadanos con notoriedad o influencia económica.

Estas acciones no representan una crítica legítima ni un ejercicio ético del periodismo, tampoco tienen el interés de informar, sino un modelo de negocio criminal, que manipula la información pública para desinformar, generar escándalo y, finalmente, presionar a sus víctimas con fines lucrativos.

La República Dominicana ha dado pasos importantes en materia de transparencia estatal, como lo demuestra la implementación del Portal Transaccional de Compras y Contrataciones. No obstante, esa apertura ha sido pervertida por un reducido pero poderoso grupo de actores digitales, que identifica procesos legítimos del Estado para construir narrativas falsas, sensacionalistas y descontextualizadas, y que cuando no encuentran temas de procesos legales, acuden al vil y despiadado método de vincularlos al narcotráfico, lavado de activos o simplemente inventan algo a nivel personal para intentar destruir la moral.

Su objetivo: sembrar el caos reputacional, desatar campañas de descrédito, y luego –por canales directos o intermediarios– exigir pagos a cambio de silencio o de retirar los contenidos. Esto es un secreto a voces que conoce todo el que está en la vida pública, que sabe quiénes son sus intermediarios e incluso los montos con los que se calman estas bestias que tiran a matar reputaciones.

Este esquema ha encontrado eco en algunos funcionarios que, por temor a escándalos públicos, o incluso para no ser mencionados ni siquiera en bien, optan por pagar cuantiosas sumas en efectivo, sin factura ni trazabilidad, alimentando así una economía del chantaje que corrompe el aparato institucional desde adentro, pero lo que resulta peor, que solo le interesa defender sus intereses sin importar que sean personas de su entorno los que resulten afectados.

Esta red no opera como medios tradicionales, ni responde a los valores del periodismo ético. Se trata de “sicarios morales” digitales, con rostros visibles en redes como YouTube, Instagram, TikTok o X, donde lanzan acusaciones sin evidencias, o verdades a medias, con absoluta impunidad jurídica, pero con tal seguridad que cualquier mentira la intentan manifestar como una verdad.

Algunos de estos operadores residen en Estados Unidos, desde donde alegan vínculos con agencias federales como la DEA, el FBI o la CIA, para dar credibilidad a sus calumnias y aumentar el miedo en sus víctimas.

En ocasiones, incluso inventan que tienen acceso a expedientes judiciales en curso, que nunca se materializan, pero sí logran sembrar dudas y destruir reputaciones.

Este fenómeno no solo hiere a personas; erosiona la credibilidad del Estado, paraliza procesos institucionales, y amenaza con vaciar de vocación y liderazgo ético los espacios públicos y ahuyenta a quienes verdaderamente tienen ideales favorables al país, por el temor de convertirse en carne de cañón de estos sicarios morales. Como dirían los investigadores financieros: “Sigue el dinero”. Si se rastrea quién financia estos canales, se revelarán no solo los quienes los financian, sino los intereses ocultos que promueven esta práctica.

La difamación y la extorsión no son libertad de prensa. Son crímenes, que afectan la moral, la reputación y la salud mental de quienes se ven atacados. Y es hora de que el Estado dominicano, su sociedad civil, y la comunidad internacional actúen con firmeza para desmantelar esta red mafiosa que amenaza la democracia, la institucionalidad y la dignidad humana en nuestro país.