Ministerio Público afina expediente para procesar penalmente a dueños de discoteca Jet Set por tragedia que cobró 236 vidas

Ministerio Público afina expediente para procesar penalmente a dueños de discoteca Jet Set por tragedia que cobró 236 vidas

Santo Domingo. El Ministerio Público de la República Dominicana concluirá este sábado el plazo legal de 48 horas para presentar cargos formales y solicitar medida de coerción contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, señalados como principales responsables del desplome del techo de la discoteca Jet Set, tragedia que enlutó al país con un saldo de 236 personas muertas y más de 150 heridas.

Tras un extenso interrogatorio, ambos permanecen detenidos en la cárcel preventiva de Ciudad Nueva, mientras la Fiscalía del Distrito Nacional afina los últimos detalles de un expediente que la propia Procuraduría General califica como “sólido y blindado”, respaldado por pruebas documentales, peritajes estructurales nacionales e internacionales, autopsias de todas las víctimas y decenas de testimonios claves.

De acuerdo con fuentes de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, la acusación incluirá la solicitud de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo, en vista de la magnitud de la tragedia, la cantidad de víctimas y la multiplicidad de evidencias periciales.

Una pieza central del expediente es el informe forense estructural de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), junto a un peritaje independiente realizado por un especialista estadounidense, que se integrará antes de la audiencia para reforzar la carga probatoria.

Según la Fiscalía, 45 testigos declararán que los Espaillat fueron advertidos formalmente desde 2023 sobre graves fallas estructurales en el local, tras un incendio ocasionado por el impacto de un rayo en la planta eléctrica, sin que se tomaran medidas correctivas efectivas.

Con estos elementos, el Ministerio Público cerrará la fase investigativa preliminar y presentará ante la jueza de Atención Permanente la solicitud de coerción que definirá el futuro inmediato de los imputados, en un caso que ha conmovido a la opinión pública nacional e internacional por su carga de dolor […]

Publicado el 13 de junio de 2025

Santo Domingo. El Ministerio Público de la República Dominicana concluirá este sábado el plazo legal de 48 horas para presentar cargos formales y solicitar medida de coerción contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, señalados como principales responsables del desplome del techo de la discoteca Jet Set, tragedia que enlutó al país con un saldo de 236 personas muertas y más de 150 heridas.

Tras un extenso interrogatorio, ambos permanecen detenidos en la cárcel preventiva de Ciudad Nueva, mientras la Fiscalía del Distrito Nacional afina los últimos detalles de un expediente que la propia Procuraduría General califica como “sólido y blindado”, respaldado por pruebas documentales, peritajes estructurales nacionales e internacionales, autopsias de todas las víctimas y decenas de testimonios claves.

De acuerdo con fuentes de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, la acusación incluirá la solicitud de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo, en vista de la magnitud de la tragedia, la cantidad de víctimas y la multiplicidad de evidencias periciales.

Una pieza central del expediente es el informe forense estructural de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), junto a un peritaje independiente realizado por un especialista estadounidense, que se integrará antes de la audiencia para reforzar la carga probatoria.

Según la Fiscalía, 45 testigos declararán que los Espaillat fueron advertidos formalmente desde 2023 sobre graves fallas estructurales en el local, tras un incendio ocasionado por el impacto de un rayo en la planta eléctrica, sin que se tomaran medidas correctivas efectivas.

Con estos elementos, el Ministerio Público cerrará la fase investigativa preliminar y presentará ante la jueza de Atención Permanente la solicitud de coerción que definirá el futuro inmediato de los imputados, en un caso que ha conmovido a la opinión pública nacional e internacional por su carga de dolor y presunta negligencia criminal.

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