Santo Domingo.– En medio del proceso judicial por el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club, que cobró la vida de 235 personas y dejó más de 180 heridos el pasado 8 de abril, la familia Espaillat, propietaria del icónico establecimiento, rompió su silencio y presentó formalmente su defensa ante el tribunal.

A través de un comunicado oficial y un extenso dossier de pruebas, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat exponen su versión de los hechos y refutan las imputaciones de negligencia criminal y homicidio involuntario formuladas por el Ministerio Público.

“Nunca nos escondimos ni huimos de nuestra responsabilidad. Desde el primer día dimos la cara y colaboramos con cada requerimiento de las autoridades”, asegura el documento, que subraya la participación activa de los imputados en la investigación.

Defensa: colaboración voluntaria, peritaje internacional y asistencia a víctimas

El eje central de la estrategia legal de los Espaillat es demostrar que no hubo abandono ni ocultamiento:

• Antonio Espaillat, detalla la defensa, estaba fuera del país en una feria tecnológica en Las Vegas desde el 1 de abril y retornó de inmediato el mismo día del siniestro, poniéndose a disposición de la justicia.

• Ambos imputados entregaron sus pasaportes, comparecieron a todas las citaciones, solicitaron el secuestro del inmueble para proteger evidencias y propusieron un peritaje internacional independiente, encabezado por Thornton Tomasetti, firma de renombre mundial por su rol en la investigación del colapso de las Torres Gemelas.

En cuanto a la atención a los afectados, la familia Espaillat afirma haber abierto desde mayo un canal público de asistencia a víctimas, que ha gestionado más de 40 acuerdos de compensación con familiares de fallecidos, heridos y empleados, respaldados por documentación notarial, descargos legalizados y registros de apoyo psicológico, ofrecidos, recalcan, sin publicidad ni condicionamientos legales.

Niegan advertencias ignoradas y coacción de testigos

La defensa rechaza las versiones sobre advertencias ignoradas respecto al deterioro de la estructura. Asegura que no existían indicios de riesgo estructural evidente y que, de haberse identificado alguna falla, se habría actuado con la diligencia debida.

Sobre las acusaciones de presión a testigos clave, como el exempleado Gregorio Adames (Gregory), la familia niega categóricamente cualquier coacción. Sostienen que todos los empleados recibieron sus prestaciones laborales, asistencia psicológica y representación legal cuando fue necesario, respaldándolo con más de 30 descargos notarizados.

“No buscamos impunidad, sino justicia basada en hechos”

En su declaración, los Espaillat recalcan que no pretenden “justificaciones vacías” ni “impunidad automática”, sino un proceso justo que valore su actitud proactiva y transparente desde el día de la tragedia.

“Pedimos justicia, no absolución a ciegas. Hemos asumido nuestra responsabilidad humana y civil con las víctimas y estamos comprometidos a esclarecer cada detalle de lo ocurrido”, concluye el comunicado.

Mientras tanto, el Ministerio Público mantiene su postura de que existieron omisiones graves y fallos estructurales que provocaron la tragedia, y ratifica su decisión de apelar la medida de coerción impuesta a los imputados, al considerarla insuficiente frente a la magnitud del caso.