SANTO DOMINGO. — El Proyecto de Ley sobre Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales que se debate en el Senado se ha convertido en el nuevo campo de batalla entre defensores del derecho a la información y legisladores que, según críticos, podrían estar sentando las bases para un preocupante retroceso democrático.

La organización Participación Ciudadana (PC) encendió las alarmas este martes al advertir que varios artículos del proyecto —en especial el polémico artículo 59— podrían usarse para borrar información clave de los procesos judiciales, incluso en casos de corrupción administrativa.

“Podría obstaculizar la comprensión y documentación pública de los casos judiciales”, denunció Leidy Blanco, representante de PC, durante una reunión con la comisión especial del Senado que estudia la propuesta.

¿Eliminar lo incómodo del expediente?

El artículo 59 establece que los tribunales podrán ordenar la eliminación de datos “difamatorios o injuriosos” de los expedientes judiciales. Para Participación Ciudadana, esto atenta contra la esencia misma del proceso penal, donde las acusaciones, por definición, pueden ser sensibles, pero forman parte del debido proceso.

“Las acusaciones judiciales contienen afirmaciones fuertes, pero forman parte de la legalidad. No se puede borrar lo incómodo solo porque afecta reputaciones”, insistió Blanco.

El “derecho al olvido”: ¿un borrón y cuenta nueva?

Otro punto caliente es el artículo 23, que introduce el llamado «derecho al olvido» y permitiría solicitar la desindexación de informaciones en internet cuando se alegue daño a la vida privada. Aunque hay una excepción para funcionarios públicos, PC considera que esta cláusula debería dejar absolutamente claro que los procesos judiciales no pueden ser escondidos del ojo público.

“Borrar el historial digital de casos judiciales es darle una herramienta de impunidad a quienes han sido señalados por actos graves”, señaló el colectivo.

La verdad bajo amenaza

La organización también puso el foco sobre el artículo 9, que permite a los medios conservar únicamente informaciones “veraces”, un término que califican de ambiguo y peligroso. Según PC, esta ambigüedad puede usarse como arma de presión o censura encubierta para eliminar contenidos incómodos, aunque sean ciertos.

Preocupación por independencia del INACOM

Finalmente, Participación Ciudadana cuestionó que los miembros del Instituto Nacional de Comunicación (INACOM) —organismo que regulará el sector— tengan un mandato de apenas dos años. A su juicio, esta breve duración mina la estabilidad e independencia del ente regulador, proponiendo en su lugar un período de cuatro años.

La comisión senatorial, encabezada por la senadora Aracelis Villanueva, continuará el análisis del proyecto el próximo miércoles. Mientras tanto, la sociedad civil y sectores de la prensa se mantienen en guardia ante lo que podría convertirse en un caballo de Troya contra la libertad de información en el país.